El Ministerio Público de Costa Rica inició una investigación a raíz de una denuncia confidencial que señala un presunto otorgamiento irregular en la jubilación de la exfiscala general, Emilia Navas Aparicio.
La causa está siendo tramitada bajo el expediente 22-004060-042-PE por el delito de tráfico de influencias, según ha confirmado la Oficina de Comunicación del Ministerio Público.
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En cumplimiento del artículo 295 del Código Procesal Penal, las autoridades han decidido no brindar más información en este momento para salvaguardar el desarrollo de las pesquisas y preservar la privacidad de las actuaciones en esta fase del proceso penal.
Allanamiento
Como parte de la investigación, se llevó a cabo un allanamiento el martes pasado en las oficinas de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo), ubicadas en Calle Morenos, San José, con el fin de decomisar documentos relevantes para el caso.
Jubilación de Emilia Navas
Emilia Navas anunció su renuncia como fiscala general el 28 de junio de 2021 para acogerse a su jubilación, dos semanas después de los allanamientos relacionados con el caso Cochinilla. En ese caso, Navas se inhibió debido a que su esposo era defensor de una de las personas involucradas.
La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones aprobó su pensión por un monto bruto de ₡6.310.040, sujeto a deducciones por conceptos de renta, impuesto a las pensiones y otros.
El acuerdo para la jubilación de Emilia Navas fue aprobado el 4 de agosto de 2021 en la sesión 32-2021 de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, según informó en su momento a AmeliaRueda.com con base en información del Poder Judicial.
En dicho acuerdo se estableció que Navas cumplía los requisitos para recibir la jubilación y se designó un medio personal para recibir notificaciones ante la Dirección del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
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¿Qué dice Emilia Navas?
Navas ha declarado a AmeliaRueda.com que no tiene conocimiento de la denuncia ni de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. La exfiscala ha defendido los fondos de su jubilación, asegurando que se cumplieron todos los requisitos y que cuenta con las certificaciones correspondientes.
La investigación en curso se desarrolla en un momento en el que muchos funcionarios buscan migrar del régimen de jubilación actual hacia el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La Junta Administradora del Fondo de Pensiones ha aclarado en un comunicado que esta investigación se refiere a un caso específico relacionado con una denuncia confidencial sobre el otorgamiento de una jubilación a un servidor judicial, y no guarda relación con otras acciones o trámites de jubilaciones y pensiones a cargo de la Junta.
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