Actualmente, una persona que llame al 911 para hacer una broma o alertar falsamente acerca de un siniestro, recibe una multa de apenas ₵20 mil, algo muy distante a los millones que gastan las autoridades para atender lo que, al final, resulta en una falsa alarma.
Eso motivó al diputado Mario Redondo a presentar un proyecto de ley que tiene como fin, cobrar todos los gastos operativos que se generen, a raíz de los falsos reportes al 911, a quien origine la llamada.
Este año, se reportó una amenaza de bomba que obligó a evacuar el edificio central del Banco de Costa Rica, previo a una sesión de la Junta Directiva.
También se suspendió un juicio en San Carlos, mientras que el fin de semana se evacuaron a los aficionados del Deportivo Saprissa y del Municipal Grecia que asistieron a observar el partido de fútbol.
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