San José, 15 de noviembre de 2018.- Durante este jueves, los magistrados de la Sala Constitucional avalaron la propuesta del Gobierno Nacional de ponerle tope de ¢2,7 millones a las pensiones de lujo.
La sentencia deja claro que quedan exentas las jubilaciones otorgadas antes del 28 de diciembre 1998.
La media ratifica que no se podrá pedir a los pensionados la devolución de dinero en forma retroactiva por los pagos mensuales hechos en los últimos años por encima del tope.
Estas acciones representan un ahorro alrededor del 0,6% de los ¢1,1 billones que le demandarán al Gobierno en el presupuesto nacional del 2019.
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