El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) concluyó que jurídicamente es inviable iniciar una investigación sobre la cuenta “Servicios Especiales” correspondiente a las liquidaciones de gastos de campaña presentadas por el partido Acción Ciudadana (PAC).
En ese sentido, los jueces electorales dictaminaron que no es factible hacer investigaciones del manejo de los recursos relacionados con las campañas electorales de 2002 y 2006, pues el ordenamiento jurídico establece plazos máximos para realizar procesos tendientes a determinar la responsabilidad penal, civil o administrativa de los sujetos.
El tiempo con el que cuentan las instituciones para realizar estas investigaciones es fijado por los legisladores en las diversas leyes y supone una garantía para los ciudadanos, es decir, el ordenamiento jurídico descarta mantener abierta la posibilidad para que se persigan conductas.
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