Proyecto busca prohibir las terapias de conversión en Costa Rica

La iniciativa plantea multas de hasta cinco salarios base y suspensiones de permisos sanitarios para profesionales y establecimientos que realicen estas prácticas.

    Terapias de conversión: ¿qué sanciones propone el nuevo proyecto?
Costa Rica /

Un nuevo proyecto de ley busca prohibir y sancionar en Costa Rica las llamadas terapias de conversión, mediante una reforma a la Ley General de Salud. La iniciativa fue presentada el 9 de setiembre por el diputado del Frente Amplio Antonio Trejos y corresponde al expediente 25.776.

La propuesta pretende impedir que profesionales o establecimientos de salud realicen, recomienden, promuevan, financien u ofrezcan prácticas dirigidas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona. El texto las define como Esfuerzos para Cambiar, Reprimir o Suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género (ECOSIG).

Si la reforma es aprobada, el Ministerio de Salud podría imponer multas de uno a cinco salarios base, ordenar el cese inmediato de estas prácticas y suspender hasta por seis meses la licencia, autorización o permiso sanitario de funcionamiento del establecimiento involucrado. En casos de reincidencia o cuando exista un riesgo grave para la salud o integridad de las personas, también se plantea la cancelación definitiva del permiso.



La gravedad de la conducta sería tomada en cuenta para definir la sanción. Entre los factores contemplados están la edad y vulnerabilidad de la persona afectada, posibles relaciones de autoridad o dependencia, el uso de violencia, amenazas, engaño, aislamiento o privación de libertad, además del daño provocado, el beneficio económico y la reincidencia.

El proyecto aclara que no busca sancionar opiniones, convicciones religiosas, predicaciones o acompañamiento espiritual, siempre que estas actividades no formen parte de una intervención dirigida específicamente a modificar o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

La iniciativa tampoco crea un nuevo delito ni establece penas de prisión. Las eventuales sanciones administrativas serían independientes de otras responsabilidades civiles, penales o disciplinarias que pudieran corresponder según cada caso.



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