La Sala Constitucional avaló el proyecto de ley que pretende rebajar el impuesto sobre la renta a los trabajadores independientes, propuesta impulsada por el Frente Amplio y que ha enfrentado oposición por parte del gobierno.
Según los magistrados, la consulta de inconstitucionalidad presentada por ocho diputados oficialistas y dos del PUSC no reveló vicios legales en la iniciativa.
El proyecto, identificado como expediente 23.578, propone reformar el artículo 15 del Impuesto sobre la Renta para equiparar las condiciones fiscales de los trabajadores independientes con las de los asalariados.
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En la actualidad, están exonerados del pago del impuesto quienes tienen ingresos anuales inferiores a ¢4.181.000, es decir, aproximadamente ¢348.000 mensuales.
Con la reforma, este umbral se elevaría a ¢6.244.000 anuales, lo que equivale a un ingreso mensual promedio de ¢520.000.
Además de exonerar a más trabajadores, el ajuste en los tramos impositivos generará una reducción en los montos a pagar para quienes superen el nuevo límite exento.
Por ejemplo, un trabajador independiente con ingresos anuales de ¢7 millones pasaría de pagar ¢320.000 a solo ¢75.000.
Las nuevas tarifas establecerán impuestos progresivos del 10% al 25%, dependiendo de los ingresos declarados.
¿Cuál es el objetivo de la iniciativa?
El objetivo de esta modificación, según sus promotores, es aliviar la carga fiscal para los trabajadores independientes de menores ingresos y reducir la brecha existente con los asalariados.
El Frente Amplio argumenta que la reforma también contribuiría a mejorar la equidad tributaria y a fortalecer la economía informal, incentivando la formalización de este grupo laboral.
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El proyecto de ley fue aprobado en primer debate el pasado 23 de septiembre con el apoyo de 33 diputados. Ahora, tras el pronunciamiento de la Sala Constitucional, queda habilitado para ser sometido a segundo debate.
En caso de ser aprobado, el texto será enviado al presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien tendrá la última palabra al decidir si lo sanciona o lo veta.
Pese a la controversia generada, los defensores de este cambio en la legislación aseguran que representa un paso importante para una mayor justicia fiscal en Costa Rica, permitiendo que quienes perciben menores ingresos puedan disponer de más recursos para cubrir sus necesidades básicas.
No obstante, se anticipa que la posición del Ejecutivo será determinante en el destino final de esta reforma tributaria.
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