Un grupo de 22 diputados presentó una consulta formal ante la Sala Constitucional respecto a la legalidad y procedencia del proyecto de Ley Jaguar, que el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles pretende someter a consulta popular mediante la figura del referéndum.
La recolección de firmas para esta consulta se llevó a cabo durante varios días, logrando que 22 legisladores de diferentes partidos políticos se sumaran a la iniciativa.
"Este miércoles presentamos esta consulta ante la Sala Constitucional porque tenemos serias dudas respecto a este proyecto que el Gobierno quiere llevar a referendo", afirmó el jefe de fracción liberacionista, Oscar Izquierdo, en declaraciones recogidas por el departamento de prensa de su agrupación.
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"Este proyecto de ley plantea cambios que eliminan los controles y disminuyen la transparencia en la contratación pública. No podemos dejarle la puerta abierta a la corrupción, sea cual sea la administración vigente", agregó.
La bancada de Liberación Nacional apoya la idea de llevar proyectos a referendo, pero considera fundamental asegurarse de que el proyecto cumpla con la Constitución Política antes de someterlo a la consulta popular.
Asimismo, el Partido Liberal Progresista (PLP) había puesto sobre la mesa la idea de someter a consulta la iniciativa para apegarse a la Constitución.
En palabras del jefe de fracción, "es responsabilidad de los legisladores estar seguros de que el proyecto que se va a consultar por la vía del referendo cumple con la Constitución Política. De no ser así, implicaría un desperdicio de más de 3 mil millones de colones en un proceso infructuoso".
La consulta a la Sala Constitucional es vista como un paso necesario para resguardar la legalidad de la iniciativa que el presidente desea llevar a referendo y, por ende, proteger los recursos de la ciudadanía.
La importancia de esta revisión radica en evitar que se inviertan recursos en un proceso que, eventualmente, podría ser declarado inconstitucional.
¿Cuáles partidos apoyaron la consulta constitucional?
Esta consulta fue firmada no solo por los diputados de Liberación Nacional, sino también por legisladores de otros partidos como Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, así como por legisladores independientes y del Frente Amplio.
Este amplio respaldo evidencia las serias preocupaciones compartidas por diversas agrupaciones políticas en torno a los posibles efectos negativos que podría tener el proyecto de Ley Jaguar sobre la transparencia y los controles en la contratación pública.
El proyecto de Ley Jaguar ha generado un debate significativo en el ámbito político y social del país.
Los diputados firmantes consideran que una consulta formal a la Sala Constitucional es esencial para clarificar la legalidad y viabilidad del proyecto antes de que se someta a la votación popular.
De este modo, buscan evitar que se aprueben cambios legislativos que podrían socavar los mecanismos de control y transparencia existentes, abriendo potencialmente la puerta a prácticas corruptas.
En resumen, la presentación de esta consulta ante la Sala Constitucional refleja el compromiso de los legisladores con la legalidad y la transparencia en el manejo de los asuntos públicos.
Al tomar esta medida, no solo buscan proteger los recursos económicos del país, sino también asegurar que cualquier cambio propuesto en la legislación se realice de acuerdo con los principios constitucionales y en beneficio de la ciudadanía.
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