El fiscal general, Carlo Díaz, advirtió que los recortes planteados para el Poder Judicial podrían provocar que el Ministerio Público deje de atender alrededor del 80% de los delitos que se cometen en Costa Rica.
Díaz hizo la advertencia este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, que analiza el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027.
Según explicó, la reducción de recursos implicaría la pérdida de unas 250 plazas en el Ministerio Público y podría obligar al cierre de algunas fiscalías.
Ante ese escenario, los recursos disponibles se concentrarían en casos considerados prioritarios, como criminalidad violenta, delitos sexuales y situaciones que involucren a mujeres en condición de vulnerabilidad.
Esto dejaría en segundo plano investigaciones relacionadas con delitos ambientales, estafas, usurpaciones y cibercrimen, según la advertencia del fiscal.
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Piden revisar recortes
Durante la comparecencia, otros jerarcas del Poder Judicial también solicitaron modificar las medidas contempladas en el presupuesto.
Entre ellas está el congelamiento de ₡30.000 millones, cuyo desembolso quedaría condicionado a que la institución demuestre ante el Congreso un uso adecuado de los recursos y del fideicomiso.
Los jerarcas señalaron que estas medidas podrían afectar la prestación de algunos servicios e incluso generar una paralización parcial de funciones.
A esto se suma un recorte de ₡10.000 millones para 2027, además de una reducción de ₡11.000 millones aplicada al presupuesto de 2026.
El Poder Judicial ya había advertido previamente que las restricciones presupuestarias tendrían efectos sobre la atención de casos y la lucha contra el crimen organizado.
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