El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) presentó ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) una propuesta que podría beneficiar a todos los sectores de consumo eléctrico en 2025 con una significativa reducción en las tarifas.
A pesar del gasto de $567 millones destinado a cubrir las necesidades energéticas del país, que incluye costos variables de generación (CVG) y ajustes pendientes de los años 2023 y 2024, el ICE proyecta un balance positivo permitidas por diversas medidas compensatorias.
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Según las estimaciones del ICE, el sistema eléctrico nacional experimentará una baja promedio del -6,23% en generación, -5,05% en transmisión y -0,75% en distribución.
Esta propuesta responde a las medidas del ICE por equilibrar el costo energético y optimizar sus recursos, buscando asegurar estabilidad para los usuarios y la institución, según informó la institución en un comunicado.
Entre ellas destacan una solicitud de rebaja tarifaria ordinaria presentada en septiembre y un ajuste extraordinario derivado de proyectos BOT (Build-Operate-Transfer), conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
“El trabajo responsable y técnico nos permitió optimizar costos. Además, el incremento del 3,4% en la demanda eléctrica nos ayuda a contrarrestar los efectos adversos del fenómeno de El Niño”, afirmó Marco Acuña, presidente del Grupo ICE.
Acuña destacó que esta gestión garantiza tarifas competitivas y estables que contribuyen al desarrollo nacional sin comprometer las finanzas institucionales.
¿Cuáles fueron los resultados financieros del ICE en 2024?
El ICE cerró el tercer trimestre de 2024 con una ganancia neta de ₡36.742 millones y estima superar los ₡100.000 millones al cierre del año.
Estos resultados podrían representar un fortalecimiento financiero dentro de la institución, que también ha mejorado sus calificaciones de riesgo según las firmas Fitch y Moody’s.
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Keiner Arce, gerente de Finanzas del ICE, destacó que estos logros son producto de una gestión enfocada en la estabilidad financiera y la transparencia, respaldada por auditorías externas anuales.
La metodología tarifaria vigente establece que los costos del ajuste no podrán trasladarse más allá de 12 meses, asegurando que las tarifas de 2025 no afectarán los periodos posteriores.
La aprobación definitiva de estas tarifas corresponde a ARESEP, que emitirá su resolución antes del 1 de enero de 2025.
De ser aceptada, la reducción representará un alivio para hogares, empresas y el sector productivo, reforzando el compromiso del ICE con el bienestar nacional y la sostenibilidad energética.
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