El proceso judicial cobraría la suma millonaria de ¢353 millones al Partido Acción Ciudadana (PAC), monto que el partido cobró de manera ilegal al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Esta cantidad correspondo al 70% de los ₡516 millones que la Procuraduría reclama a la agrupación por estafar al estado con contratos de servicios profesionales falsos.
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