Patricia Vargas es electa presidenta de la Corte Suprema de Justicia

La magistrada obtuvo 12 votos en la quinta ronda y dirigirá el Poder Judicial hasta 2030. Es la segunda mujer en ocupar el cargo.

    Patricia Vargas asume presidencia del Poder Judicial
Costa Rica /

La magistrada Patricia Vargas González fue electa este lunes como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tras obtener 12 votos en la quinta ronda de votación de la Corte Plena.

Vargas asumirá el cargo durante los próximos cuatro años, hasta 2030, en sustitución de Orlando Aguirre.

Con su elección, se convierte en la segunda mujer en presidir el Poder Judicial costarricense en sus 200 años de historia. La primera fue Zarela Villanueva Monge, quien ocupó el puesto entre 2013 y 2017.

Trayectoria de la nueva presidenta del Poder Judicial

Vargas forma parte de la nueva generación de magistrados de la Corte Plena. La Asamblea Legislativa la eligió como magistrada en 2023 y actualmente cumple su primer periodo de ocho años en el cargo.

Su trayectoria en el Poder Judicial suma 25 años, durante los cuales trabajó en la defensa pública y se desempeñó como jueza de juicio y de apelación antes de llegar a la magistratura.

En el ámbito académico, cuenta con un doctorado en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, donde obtuvo la máxima distinción. También ejerce como docente en la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), y ha publicado trabajos especializados en su área.

¿Cuáles serán sus prioridades?

La nueva presidenta señaló que su candidatura responde, entre otros factores, a la coyuntura que atraviesa la democracia costarricense, al respaldo de otros magistrados y a su experiencia dentro de la institución.

Entre sus principales objetivos está defender la institucionalidad del Poder Judicial ante lo que considera ataques deliberados y recortes presupuestarios.

Además, plantea promover reformas procesales para reducir la congestión de los tribunales e incorporar herramientas de inteligencia artificial generativa que permitan automatizar procedimientos y disminuir el rezago judicial.



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