El Gobierno de Costa Rica anunció, este 12 de febrero, la firma de un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense de ciberseguridad CrowdStrike.
Esto se llevó a cabo con el fin de mejorar las defensas y la protección de datos en el país.
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"Este acuerdo representa un paso significativo hacia el fortalecimiento de nuestras capacidades en ciberseguridad. La cooperación con CrowdStrike nos permitirá abordar de manera conjunta los desafíos actuales y futuros en seguridad digital, garantizando un entorno más seguro y resiliente para nuestra sociedad y economía", declaró la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes.
La funcionaria aseguró que este apoyo mutuo es "vital para abordar los desafíos de ciberseguridad de Costa Rica y promover la innovación en el entorno digital".
Según las partes, esta cooperación apoyará los avances de Costa Rica en el campo de la ciberseguridad.
Asimismo, aseguraron que el intercambio de información fortalecerá la toma de decisiones del país y garantizará la protección de los datos personales y la propiedad intelectual.
El acuerdo también promoverá la colaboración de la industria y la expansión de capacidades conjuntas, incluida la organización de cumbres, seminarios y conferencias mutuas.
El vicepresidente regional de CrowdStrike, Fernando Quintero, expresó que el objetivo es "brindar conocimientos de la industria relevantes e incomparables con nuestro compromiso de ayudar a la nación a fortalecer y mantener una postura elevada de ciberseguridad".
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Aseguran que este acuerdo es importante por las herramientas que tiene contra la ciberseguridad.
"Esta iniciativa fundamental marca un hito importante para nuestra región para reforzar la colaboración mediante la utilización de las herramientas, procesos e inteligencia de vanguardia en ciberseguridad de próxima generación líderes en el mundo", apuntó.
Esta empresa brindó asistencia a Costa Rica en el contexto de los ciberataques del 2022 que afectaron a diversas instituciones públicas, especialmente al Ministerio de Hacienda y a los hospitales públicos, lo que obligó al Gobierno a decretar estado de emergencia nacional.
Los ataques fueron dirigidos por la organización Conti que exigía el pago de un rescate por información sustraída o encriptada.
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