Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abordó en una entrevista con Noticias Telediario los detalles de su reciente suspensión y las circunstancias que rodearon su detención en septiembre de este año.
La suspensión se dio en el marco de una investigación sobre presuntos sobreprecios en un cartel de licitación vinculado a cooperativas de salud.
En sus declaraciones, Esquivel se mostró abierta al explicar los desafíos que ha enfrentado desde su llegada a la entidad en septiembre de 2022 y cómo estos problemas se han intensificado con el tiempo.
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La controversia que llevó a su suspensión está relacionada con la supuesta existencia de sobreprecios en un proceso de licitación que afecta directamente a la prestación de servicios de salud en el país.
Esquivel explicó que, al asumir su puesto, se encontró con un problema heredado de administraciones anteriores: la falta de avances en un cartel de licitación de 2021, un obstáculo que consideró clave en la situación actual.
“La problemática con esa licitación ya llevaba años”, mencionó Esquivel durante la entrevista. “Yo llego el 19 de septiembre de 2022 a la CCSS y uno de los primeros problemas que encontré fue que no se había avanzado con el cartel de licitación, y les estaba costando ponerse de acuerdo”.
Esta falta de consenso y el estancamiento del proceso generaron importantes retrasos que, según Esquivel, comprometían la capacidad de la institución para cumplir con su responsabilidad de garantizar servicios esenciales en el primer nivel de atención.
Esquivel defendió su gestión, argumentando que las decisiones que tomó al respecto siempre estuvieron fundamentadas en criterios técnicos. No obstante, la situación derivó en allanamientos por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y su posterior detención.
Tras estos hechos, un juzgado dictó su suspensión temporal del cargo como parte de las medidas cautelares mientras se lleva a cabo la investigación.
Uno de los aspectos más controvertidos de su suspensión es si seguirá recibiendo su salario durante este periodo.
Esquivel explicó que, según lo establecido por la ley, será su patrono quien determine si la suspensión será con o sin goce de salario.
“Es complicado porque nos hacen un doble castigo”, señaló la presidenta ejecutiva.
“Tengo deudas que pagar y es una decisión que resuelve el patrono, así que el patrono define si es suspensión sin salario”, dijo.
Aunque no especificó si continuará recibiendo su pago, dejó claro que la decisión está fuera de su control.
Los presuntos sobreprecios podrían costarle al país 1.033 millones de colones adicionales al mes, lo que se traduce en cerca de 12.400 millones de colones más por año según se dio a conocer en Noticias Telediario.
Esquivel también abordó las críticas sobre un supuesto sobreprecio de 12.400 millones de colones en el nuevo cartel de licitación. Aclaró que este incremento se debe a la inclusión de servicios adicionales que no estaban contemplados en la licitación anterior.
“Ese nuevo cartel incluía al menos 15 servicios adicionales que no se prestan hoy. No puedo dar todos los detalles porque no tengo acceso a las computadoras ni a la información completa”, explicó.
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Entre los servicios adicionales mencionados se encuentran cuatro horas más de atención en 138 Ebais, lo que representaría un aumento del 16% en el costo de los servicios.
“Es más caro porque pido más servicios, incluye mucho más elementos”, afirmó.
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