La reducción de recursos, la falta de personal y los atrasos en la resolución de expedientes figuran entre los principales asuntos que Patricia Vargas González deberá atender como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La magistrada fue elegida este lunes por la Corte Plena para dirigir el Poder Judicial durante los próximos cuatro años, hasta 2030. Su nombramiento se produce en medio de discusiones sobre el financiamiento de la institución y la eficiencia del sistema judicial.
Una de las preocupaciones expuestas por Vargas es el impacto que podrían tener las restricciones presupuestarias en los servicios que brinda la institución. Entre los montos señalados en su propuesta figuran una reducción superior a ₡10.000 millones y el congelamiento de cerca de ₡30.000 millones proyectados para 2027.
Según lo planteado por la magistrada, estas limitaciones podrían afectar la compra de licencias tecnológicas y el equipamiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Otro de los puntos de su agenda es la continuidad de 2.463 plazas operativas cuyo congelamiento se pretende aplicar. La cifra incluye más de 800 puestos del OIJ y más de 700 de jueces, cuya ausencia, advirtió, podría comprometer el funcionamiento de algunos despachos.
Inteligencia artificial y cambios en los procesos penales
Vargas también propone recurrir a herramientas de inteligencia artificial generativa para automatizar labores administrativas que no impliquen tomar decisiones judiciales. El objetivo es liberar recursos y tiempo de trabajo para contribuir a reducir el rezago en los tribunales.
En materia penal, pretende impulsar reformas legales que permitan disminuir la cantidad de expedientes que llegan a juicio. Su propuesta parte de que esa etapa concentra aproximadamente el 70% del tiempo total de tramitación de las causas penales.
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Las iniciativas requerirán coordinación institucional y, en el caso de los cambios legales, respaldo de la Asamblea Legislativa.
Una carrera de 25 años en la justicia costarricense
Vargas tiene 56 años y forma parte de la Sala Tercera de Casación Penal. La Asamblea Legislativa la eligió como magistrada en 2023, para un periodo de ocho años.
Su experiencia profesional comenzó mucho antes de llegar a la Corte Suprema. Durante 25 años ocupó distintos puestos en el Poder Judicial, entre ellos funciones en la defensa pública, labores como letrada en la Sala de Casación Penal y cargos de jueza de juicio y de apelaciones, particularmente en tribunales de Goicoechea.
A esa trayectoria se suma su formación académica: obtuvo el título de Derecho y una maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica (UCR), además de un doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España, donde recibió la máxima distinción.
También ha desarrollado una carrera docente en la UCR y la Universidad Nacional (UNA), y cuenta con publicaciones e investigaciones especializadas.
Con su elección, Vargas se convierte en la segunda mujer en ocupar la presidencia del Poder Judicial costarricense, después de Zarela Villanueva, quien ejerció el cargo entre 2013 y 2017.
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