Un informe realizado por la dirección del Poder Judicial, a solicitud del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, declara que la Institución posee un “autogobierno” que permite proteger los salarios de los funcionarios.
El documento pasará a consulta por parte de los 22 magistrados de este espacio jurídico, y de apegarse a esta decisión la reforma fiscal deberá ser aprobada mínimo por 38 votos en el plenario, según lo estipulado por la Constitución Política en su artículo 167.
Lo que busca el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas es reducir los pluses salariales de los funcionarios, estipulando que ningún nuevo jerarca podría recibir más de 5,3 millones de colones.
Además, los funcionarios reciben incentivos alrededor de un millón de colones mensuales, esto varía depende del cargo, mientras más alto sea más recibe.
Actualmente, el Estado paga alrededor de 2,4 millones de colones por magistrado, además de los bonos, y con el Plan Fiscal se busca frenar los altos costos para mejorar la situación económica que afecta el país.
El próximo martes los jerarcas discutirán el documento para determinar si el proyecto afecta la autonomía del Poder Judicial.
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