El Ministerio de Hacienda anunció que ante la decisión del Poder Judicial de no aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en materia de remuneraciones, el Ejecutivo excluyó ¢2.543 millones del proyecto de presupuesto 2020.
La Ministra de Hacienda explicó que ese monto se había incorporado al presupuesto para la creación del juzgado anti corrupción, en atención a una solicitud expresa de los magistrados, quienes aseguraron que no era posible satisfacer esta obligación con los recursos asignados.
Esto se da ante lo indicado por el Poder Judicial, este lunes donde se dio a conocer que por votación de mayoría, los magistrados de la Corte Plena decidieron que no ajustarían los salarios del personal a la nueva normativa que en materia de incentivos y anualidades estableció la Ley 9635.
Lo anterior significa que, a diferencia de los 127 mil funcionarios del Gobierno Central, a quienes ya se les realizó la conversión de estos pluses de montos porcentuales a nominales para evitar el crecimiento exponencial del gasto, los 14 mil trabajadores actuales del Poder Judicial mantendrán el pago de estos pluses en términos porcentuales y con ello el crecimiento del monto asignado a remuneraciones.
“Entendimos la explicación del Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado les impedía cubrir la atención del juzgado anti corrupción. Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del Gobierno, buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento”, comentó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
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