El presidente de la República, Rodrigo Chaves, junto con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, presentaron el proyecto de ley “Adición al Artículo 59 del Código Penal”.
Con este cambio el Gobierno de la República pretende que cualquier persona que cometa actos de corrupción en contra de la función pública, deberá ser castigada con la pena de cárcel y deberá retribuir a la sociedad el daño causado con su actuar ilícito.
Con ello, esta iniciativa pretende suspender el beneficio de Ejecución Condicional de la Pena creada en 1970, la cual permite que una persona culpable de un delito, entre ellos el de corrupción no cumpliera su condena dentro de una prisión, sino que el juez tomara la decisión de imponer una medida alterna a la cárcel. Esto siempre y cuando el delito por el cual la persona se le demostró su culpabilidad no excediera los tres años.
Esta ley de 1970 se ejecutó con el propósito de disminuir el aumento en los hacinamientos carcelarios y que las personas condenadas sufrieran los efectos nocivos de ingresar a una prisión en estas condiciones.
Este es la segunda propuesta que firma el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, para buscar que se erradique la corrupción de la función pública y devolver la confianza del pueblo a institucionalidad del país.
La administración Chaves Robles tendrá 0 tolerancia a los actos que atenten contra el beneficio de los costarricenses, por lo que combatirá la corrupción sin dar beneficios a personas que actuaron en perjuicio de los intereses públicos.
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