Según lo establece el marco legal, el Gobierno inició las gestiones correspondientes para solicitar la declaratoria de ilegalidad de la manifestación de este lunes, con el objetivo de proceder con las sanciones respectivas a los funcionarios que participaron.
Es así como el Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó a la Procuraduría General la solicitud para gestionar ante los Juzgados de Trabajo la declaratoria de ilegalidad. La misma petición fue colocada directamente ante los Juzgados de Trabajo respectivos por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
En horas de la tarde las instituciones autónomas que presentarán la misma petición son RECOPE y JAPDEVA.
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El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, solicitó el viernes pasado a los sindicatos no ir a una huelga injustificada este 25 de junio y llamó a replantear la iniciativa y a resolver su oposición al proyecto de reforma fiscal en la mesa y no en las calles. Anunció que el Gobierno tomaría las acciones legales correspondientes.
El Código Laboral indica en el artículo 383 que “La parte o las partes empleadoras afectadas por la huelga podrán solicitar, ante la jurisdicción de trabajo, la declaratoria de ilegalidad del movimiento, cuando los trabajadores, las trabajadoras o sus organizaciones sindicales no se hubieran ajustado en el ejercicio del derecho de huelga a las previsiones y los requisitos establecidos en los artículos 371, 377 y 381 de este Código”.
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