La tarde de este miércoles 3 de agosto el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció en conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que iniciarán proceso para bajar pensiones de lujo.
El proceso se realizará en contra de 78 personas. La administración de Chaves pretende, dejar sin efecto el decreto que les dio la posibilidad para tener una pensión mayor a 8 millones de colones.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, anunciaron en conferencia de prensa que presentarán el inicio de procesos -de Lesividad- ante el Tribunal Contencioso Administrativo en contra de pensiones de lujo que reciben exdiputados de la República.
Un Proceso de Lesividad consiste en revocar un acto de la administración que resulta perjudicial para el interés público como lo fue el pago de más en pensiones para exlegisladores.
Con este proceso se pretende eliminar el exceso de pago en el tope de las pensiones de 78 exdiputados de la República, quienes, a la fecha, reciben más dinero del establecido por Ley.
La decisión de iniciar este procedimiento legal está basada en el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, C-369-2020 de 17 de setiembre del 2020, en el cual se establece que estas pensiones se deben mantener con el tope que mencionaba la Ley de Pensiones de Hacienda al momento de recibirla.
“Estamos trabajando en ordenar la casa, no puede ser que en Costa Rica haya personas que reciban más dinero del que la ley permite, esto se tiene que acabar. Esperamos que este proceso sea favorable porque las finanzas del Estado lo necesitan con urgencia”, mencionó el presidente Chaves Robles.
Actualmente el monto de las pensiones que reciben los exlegisladores no puede superar el salario de un diputado actual, es decir, ¢3.982.371, por lo que con la resolutoria de este proceso el gobierno espera que se llegue a un ahorro promedio a ¢3.536.865.547 anuales.
También la ministra Esquivel Rodríguez solicitará una investigación a la Auditoría Interna de la Dirección Nacional de Pensiones, para determinar las causas por las que se promovieron dichos aumentos por encima del tope establecido.
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