El presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, llevaron acabo este miércoles la suspención de tres directores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), por no acatar la directriz 011-H que explica la adecuación de salarios de los gerentes.
Se aplicó el procedimiento administrativo con medida cautelar de suspensión contra los directores: Lorena Altamirano, Paola Chavarría y Juan Carlos Zúñiga y fue autorizado por el Consejo de Gobierno el miércoles, durante una sesión extraordinaria.
Además, el pasado 4 de junio, la Junta Directiva del BPDC nombró a Juan Francisco Rodríguez Fernández como subgerente general del Banco por un período de 5 años a partir del 5 de junio, sin propiciar la discusión ni la votación sobre la fijación de su salario (¢12 600 000 mensual), a partir de la escala salarial especificada en la directriz Nº 011-H, firmada el pasado 30 de mayo.
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Esta directriz, enmarcada en las acciones de contención y reducción del gasto que impulsa el Poder Ejecutivo, instruye a las juntas directivas de los bancos comerciales del Estado y del BPDC, adecuar el salario de sus gerentes generales al del gerente general del Banco Central de Costa Rica, cuya remuneración es de (¢9 541 569,70 mensual).
Según el presidente Carlos Alvarado, el Gobierno es respetuoso de la autonomía que cobija a cada uno de los entes públicos no estatales. Sin embargo, como Poder Ejecutivo están llamados a encauzar el uso eficiente de los recursos públicos y bajo esa potestad instruyen a los representantes del Ejecutivo en la Junta del Banco Popular a adecuar el salario de sus gerencias según lo establecido en la directriz 011-H.
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