Compañías de electricidad estarán obligadas a buscar alianzas público-privadas para mejorar las instalaciones eléctricas de las familias en pobreza.
El plan sectorial para la aplicación de mecanismos de apoyo a grupos sociales vulnerables desde el sector eléctrico dio pie al decreto ejecutivo que crea un subsidio para la tarifa eléctrica de estas familias.
Este decreto señala que las empresas deben propiciar planes para que las instalaciones en esos hogares estén en buenas condiciones y cumplan con los requisitos establecidos por el Colegio Federado de ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Las familias en pobreza extrema tendrán beneficio del 100% y las de pobreza básica del 50%. En total, se beneficiarán unas 27 mil familias
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos deberá incluir en su próximo censo de estado las conexiones eléctricas para saber cuáles son las casas que tienen instalaciones en mal estado
Este plan procura que las tarifas solidarias lleguen a su cumbre en el 2030 y será el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) el que se encargará de monitorear la pobreza y la población meta cada 2 años, mientras que el Minae supervisará el cumplimiento del plan. La aplicación de este beneficio será una obligación de cada empresa distribuidora, según las tarifas seleccionadas por ARESEP y el sector residencial escogido por el Instituto Costarricense de Electricidad.
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