Ocho diputados piden a presidente Carlos Alvarado vetar pesca de arrastre

A través de una carta, ocho diputados le piden al presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar el proyecto de pesca de arrastre de camarón.

El documento está firmado por Karine Niño, Daniel Ulate, Roberto Thompson, Luis Antonio Aiza y  Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional, Paola Vega del Partido Acción Ciudadana, José María Villalta del Frente Amplio y Mileidy Alvarado de Restauración Nacional.

Entre los puntos que destacaron están los siguientes:

• La pesca de arrastre genera consecuencias negativas tanto en el ámbito social, económico como ambiental. Se deterioran los ecosistemas marinos, reduciéndose las pesquerías de las que dependen las comunidades costeras para su subsistencia.
• Afecta directamente a miles de pescadores artesanales, los cuales no podrán llevar comida ni sustento a sus hogares. La reducción de la fauna de acompañamiento (FACA) impide la reproducción de especies juveniles, que aún no han tenido posibilidad de reproducirse.
• Destruye el fondo marino del océano, lo cual afecta directamente al sector turismo, por el cual Costa Rica es altamente conocido. Las redes de arrastre dañan las bellezas escénicas de los mares, desalentando prácticas turísticas que parten del disfrute de las personas turistas. 
• Aprobar la pesca de arrastre pone en juego el nombre de Costa Rica a nivel internacional. No existe pesca de arrastre sostenible. Con la promoción de esta práctica se genera una contradicción profunda con las iniciativas internacionales de posicionamiento de temas ambientales y de atracción del ecoturismo.
• La estructura productiva de la pesca de arrastre perpetúa la desigualdad y feminiza la pobreza.
•  Reactivar la pesca de arrastre no brinda respuestas ni soluciones integrales para la ruta de reactivación económica o generación de empleo, es una solución cortoplacista, que afecta la pesca artesanal, al turismo y al medio ambiente.
• La pesca de arrastre atenta contra los principios precautorios, progresividad ambiental, objetivación de la tutela ambiental, progresividad social, igualdad, justicia económica, desarrollo sostenible democrático, garantías sociales y laborales.
• La Sala Constitucional analizó el proyecto de ley y señaló que la eficacia de la ley sería condicionada a la realización de una serie de estudios técnicos, cuyo contenido presupuestario es inexistente y dadas las condiciones económicas que atraviesa el país, no hay mayores opciones de financiamiento disponibles.
• El ente competente para realizar los estudios correspondientes para el otorgamiento o renovación de licencias, es decir Incopesca, ha declarado en diversas que le es imposible cumplir con dichos estudios en el plazo de 1 año, solicitando se le otorgue el plazo de 24 meses.

Los legisladores agregaron que "la Procuraduría General de la República llamó la atención sobre la insuficiencia de dichos estudios. Cabe señalar que, la Sala Constitucional omitió el análisis de los criterios técnicos supra señalados, al indicar que se requiere un control de legalidad y no de constitucionalidad". 

"Considerando las razones expuestas, nos permitimos solicitarle que en el marco de las competencias y potestades que se le asignan constitucionalmente, considere la interposición de un veto al Decreto Legislativo N°21.478, en atención a los compromisos de protección ambiental que usted atiende y promueve, incluso internacionalmente" concluyeron.

El pasado jueves, 28 diputados aprobaron el proyecto de ley para reactivar la pesca de arrastre de camarón en el país. 

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