Las palabras del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, sobre su orden de desconvocar los proyectos presentados por el Ejecutivo para pasarle la responsabilidad únicamente al Congreso en temas de seguridad, levantaron críticas en la Asamblea.
Chaves, quien presentó la nueva estrategia de Seguridad “Costa Rica Segura Plus” junto al ministro de Seguridad Mario Zamora, anunció que le pasaba “la bola” a los diputados en lo que refiere a temas de contención y respuesta a la ola de violencia que ya deja más de 800 homicidios en el país.
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“Le ordeno en este momento a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que desconvoque de manera inmediata todos los proyectos que ha presentado el poder ejecutivo y que convoque de manera inmediata las 26 leyes que dice la Comisión de Crimen Organizado y Narcotráfico que ellos consideran apropiadas. A partir de este momento el Congreso tiene la absoluta responsabilidad sin participación del ejecutivo de generar las leyes que garantice la desactivación eficaz y contundente contra los grupos de crimen organizado”, espetó el mandatario el pasado 22 de noviembre.
Las reacciones desde Cuesta de Moras no se hicieron esperar, la primera en pronunciarse fue la diputada del Partido Nueva República (PNR) Gloria Navas, quien criticó las aseveraciones de Chaves y defendió la labor legislativa en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Asimismo, reprochó los presuntos ataques desde el Gobierno a la gestión del poder judicial en medio de la crisis de inseguridad que aqueja a Costa Rica.
“Aquí nadie se está tambaleando, aquí estamos rectos y sabiendo correctamente lo que tenemos que hacer. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico trabaja mañana, tarde y noche para construir los proyectos adecuados en este tema que son de lesa patria, ofende a toda la patria. Nuestro sistema judicial defiende los derechos de los criminales, eso dijo el presidente, eso no es cierto: el poder judicial aplica justicia de acuerdo con la ley”, declaró Navas en sesión extraordinaria, la tarde del miércoles.
Por su parte, desde la fracción del Frente Amplio (FA) se pronunció el congresista Ariel Robles quien lamentó que el presidente se enfrentara a sus “aliados” en la lucha contra el crimen organizado y no se refiriera contundentemente contra los grupos narco que operan a lo largo del territorio costarricense.
“Si algo tenemos que tener claro es que hay dos bandos, están el bando del narcotráfico ese que está desangrando nuestro país, y está el bando que quiere enfrentar eso que quiere llevar paz a las familias costarricenses. ¿Cuál es la preocupación de la intervención que hoy realiza el señor presidente? Que si existen estos dos bandos, lo normal sería que más que ponerme a pegar gritos a los posibles aliados comunes en esa lucha, les llame y trate de buscar una solución, no abandonar la lucha. ¿Qué es lo que sucede hoy? Que el presidente de la República decide atacar, regañar y pelear con los que podrían ser sus aliados, porque es muy extraño que usted nunca se haya referido con ese tono a los narcotraficantes de este país”, se dirigió Robles hacia Chaves.
Seguidamente, Gilberto Campos del Partido Liberal Progresista (PLP) consideró la decisión del poder ejecutivo como una manera de renunciar tácitamente a sus labores constitucionales y, específicamente, cree que la cabeza del Ejecutivo actuó de mala manera.
De hecho, afirmó que es una clara omisión a los deberes inherentes a la presidencia del país y de su compromiso con la ciudadanía costarricense.
“El discurso preparado por el señor presidente, lejos de aleccionar a la Asamblea Legislativa, lo que hace es poner en evidencia prácticamente una renuncia de la función constitucional de la presidencia de la República en el mando de la policía nacional. La constitución política le otorga el mando supremo de la Fuerza Pública, la convención americana de derechos humanos le otorga a los estados la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, la ley de policía de nuestro país le otorga al presidente y al ministro de seguridad la obligación de velar por la seguridad del país. Entonces no se puede decir ‘si hay más muertos va a ser responsabilidad de ustedes’ eso es una renuncia tácita de la función constitucional”, criticó Campos.
¿Cuáles son las cifras de la inseguridad en Costa Rica?
El país alcanzó los 824 homicidios, con siete muertes solamente el día martes 21 de noviembre. Las cifras de 2022 se superan con creces, el año anterior alcanzó las 567 muertes violentas.
541 de los 824 asesinatos del año en curso corresponden a ajustes de cuentas, según del OIJ.
Alajuela superó la cifra de asesinatos reportada en la provincia para 2022 (96), actualmente contabilizan 97 personas fallecidas en 2023.
Por su parte, Limón y San José continúan repuntando como las dos provincias más inseguras del país. La provincia caribeña ya suma 203 muertes, mientras la capital ya llegó a 199 muertes solamente en este año.
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