La diputada Ángela Aguilar Vargas presentó un proyecto de ley que pretende incorporar al Presupuesto Ordinario de la República información financiera, presupuestaria y de resultados relacionada con los fideicomisos públicos que administran recursos provenientes del Estado.
La propuesta surge ante observaciones realizadas por la Contraloría General de la República sobre la falta de información detallada de estos instrumentos dentro de la documentación presupuestaria que analiza la Asamblea Legislativa.
Según datos citados en el proyecto, el patrimonio de los fondos fiduciarios alcanzó los ₡373.133 millones durante 2025, monto equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
La legisladora señaló que los recursos públicos deben mantener estándares de transparencia y fiscalización sin importar el mecanismo utilizado para administrarlos.
“Los recursos públicos deben estar sujetos a los mismos estándares de transparencia y control, independientemente del mecanismo mediante el cual se administren”, afirmó Aguilar.
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La iniciativa, denominada “Ley para Transparentar la Gestión Presupuestaria de los Fideicomisos Públicos”, plantea adicionar el artículo 38 bis y modificar el artículo 52 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley 8131).
De aprobarse, los fideicomisos vinculados con recursos del Presupuesto Nacional tendrían que reportar información sobre su identificación, objetivos, recursos administrados, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos y costos de administración.
También deberán incluirse las metas establecidas y los resultados obtenidos. Para aquellos fideicomisos con más de cinco años de vigencia, se exigiría una justificación técnica que sustente su continuidad.
Además, el Ministerio de Hacienda tendría que incorporar un apartado específico sobre cada fideicomiso público en los informes que presenta anualmente ante la Contraloría.
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La propuesta toma como referencia datos del órgano contralor que identificaron 22 fideicomisos públicos entre julio de 2023 y junio de 2025, con activos por ₡519.574 millones y pasivos por ₡146.589 millones.
De acuerdo con Aguilar, contar con esta información permitiría mejorar la trazabilidad de los fondos públicos, fortalecer la rendición de cuentas y facilitar la fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa, la Contraloría y la ciudadanía.
El proyecto pasará ahora al trámite legislativo correspondiente para su análisis y eventual discusión por parte de los diputados.
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