SAN JOSÉ.- La Defensa Técnica de Carlos Alvarado no tiene información de que la Fiscalía General haya solicitado a la Sala Tercera el levantantamiento del secreto bancario de las cuentas del Presidente de la República, en la investigación que se lleva a cabo sobre el paseo familiar a Punta Islita.
Rodolfo Brenes y Róger Guevara, defensores de Carlos Alvarado, indicaron que, “no es de nuestro conocimiento que estas gestiones hayan sido solicitadas. Sí entendemos que lo solicitado tiene relación con el secreto tributario para verificar la emisión de facturas electrónicas, lo cual no es información del Presidente sino de la empresa que emite la factura”.
“De todas formas, no nos preocupa una gestión así, pues don Carlos Alvarado no tiene nada que ocultar ni nada que se pueda reprochar”. Sin embargo, es importarte señalar dos puntos”. continuaron.
De igual forma señalaron que, el Presidente no tiene nada que ocultar y por eso, desde agosto pasado, la Fiscalía tiene la información bancaria del Presidente que demuestra que él pagó lo que le correspondía en cuanto a transporte, alimentación y hospedaje.
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Asimismo, manifestaron que de manera que una eventual revisión simplemente corroboraría la validez de lo suministrado. Además de que, en el expediente constan los estados de cuenta originales y sellados emitidos por el Banco Nacional de Costa Rica, los vouchers originales de la tarjeta de crédito, los estados de cuenta que don Carlos recibió por correo electrónico del banco, así como todas las facturas emitidas por el hotel, entre otros elementos de prueba que evidencian que no existe delito alguno.
Finalmente detallaron que, “nos vemos obligados a denunciar una nueva filtración de información proveniente del expediente judicial”.
“La prensa se enteró de la supuesta solicitud del Ministerio Público primero que los abogados defensores. Lamentablemente, esto no es una excepción, sino que viene siendo la regla”. continuaron.
Por último, señalaron que, esa es una prueba más del grave peligro que supone permitir que la Policía o la Fiscalía tengan acceso irrestricto a toda la documentación e información que maneja el Presidente de la República, como se pretende en el caso conocido como UPAD.
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