SAN JOSÉ.- La Defensoría de los Habitantes solicitó cuentas y fiscalizó las actividades del Gobierno destinadas a atender la crisis económica ocasionada por el COVID-19.
Entre dichas actividades, el acceso y costo del crédito para hogares y las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes).
El Banco Central, a través del sistema bancario nacional, aumentó en alrededor de unos 395 mil millones de colones, la disponibilidad de fondos para crédito de los sectores productivos.
Sin embargo, tales recursos regresaron a la entidad en razón de que los bancos comerciales optaron por invertirlos en bonos del mismo Banco Central, o en títulos del Ministerio de Hacienda.
Por su parte, el Banco Central indicó a la Defensoría que, con la finalidad de aumentar la disponibilidad de recursos y reducir el costo del crédito se redujo la tasa de encaje mínimo legal (EML) y de reserva de liquidez para operaciones en moneda nacional.
Además, la entidad señaló que los fondos liberados, en su mayoría, se colocaron nuevamente en esa misma entidad bancaria bajo la figura de depósitos en el Mercado Integrado Liquidez (MIL).
La Defensora de los habitantes, Catalina Crespo señaló que: “En un momento histórico de la más alta criticidad, es deber de las Autoridades Públicas que tienen a su cargo el mandato de la política económica de nuestro país, empezando por el señor Presidente de la República, pasando por los ministros encargados de la reactivación económica; hasta llegar a las Juntas Directivas de los Bancos: Velar porque el dinero que se ha asignado a las personas y a sus empresas, en especial en aquellos sectores más impactados por la crisis y la pandemia; llegue a sus verdaderos destinatarios sociales y no sean desviados a la compra de bonos al mismo gobierno”.
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