La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Salud prohibir de manera explícita y expresa cualquier uso no agrícola de productos que contienen glifosato, su uso como herbicida para control de malezas en espacios públicos y zonas urbanas. A esta conclusión llegó la Defensoría tras estudiar la denuncia de un habitante.
En el proceso de esta investigación se conformó, en el 2017, un grupo de trabajo interinstitucional, coordinado por el Ministerio de Salud, con la participación de representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Colegio de Médicos y la Defensoría de los Habitantes, con el fin de analizar las implicaciones del glifosato en la salud de las personas y el ambiente, entre otros aspectos.
Este grupo de trabajo se dedicó a recopilar y analizar la información y concluyó que el glifosato puede considerarse como plaguicida de alta peligrosidad con base en la caracterización de los posibles efectos graves o irreversibles en la salud, de acuerdo con el criterio de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta Comisión consideró que es necesario prohibir el uso del glifosato.
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