El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda tienen un plazo de 15 días para poder explicar, a la Defensoría de los Habitantes, las medidas que tomará para que la falta de liquidez no afecte los programas sociales vigentes.
Para la Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano, sería injustificable que el mayor peso de las medidas de austeridad, anunciadas por el Gobierno, las soporten las poblaciones de vulnerabilidad y que requieren especial atención del Estado, mediante los programas sociales.
El Presidente Luis Guillermo Solís anunció, el mes pasado, que el país afronta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación correcta de los servicios. También achacó parte de la responsabilidad a los diputados de la Asamblea Legislativa, según él, por no favorecer un clima político que permita aprobar una reforma fiscal.
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