Un reciente reportaje del medio español El País expuso la preocupante situación de las agresiones sexuales en Costa Rica, destacando la creciente impunidad que enfrentan las mujeres denunciantes, tanto nacionales como extranjeras.
La investigación recoge testimonios de víctimas que han sufrido violaciones en zonas turísticas del país y han enfrentado enormes obstáculos para acceder a la justicia.
El reportaje se enfoca en casos de mujeres que han sufrido abusos en sitios como Puerto Viejo y Santa Teresa, áreas frecuentadas por turistas, pero con recursos insuficientes para responder a estas emergencias.
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Entre los relatos figura el de Lynn Segev, quien compartió cómo su activismo feminista logró una condena histórica para un violador serial en el Pacífico costarricense. Sin embargo, este tipo de desenlaces son excepcionales.
Según datos del Ministerio Público citados por el reportaje, en 2023 se registraron 68 delitos sexuales al día, un aumento del 76% respecto al año anterior. No obstante, solo el 15% de las denuncias resultaron en acusaciones formales, evidenciando fallas críticas en el sistema judicial.
El reportaje identifica múltiples causas detrás de esta situación: una cultura machista, falta de recursos en el sistema judicial, y un turismo descontrolado que exacerba la vulnerabilidad en zonas rurales.
Estas áreas, a menudo desprovistas de presencia policial y servicios básicos, se han convertido en espacios donde el narcotráfico, la gentrificación y las violaciones proliferan sin consecuencias.
Las víctimas, como Paula, quien denunció una violación en Puerto Viejo, describen un sistema que las revictimiza.
En su caso, recibió amenazas de muerte para retirar su denuncia y enfrentó una falta de apoyo psicológico adecuado.
“No comía ni dormía, y esa frase de mierda fue el tratamiento psicológico que recibí”, expresó indignada en su testimonio a El País.
¿Por qué se ha salido de control la situación en zonas turísticas?
Además, la falta de infraestructura en zonas rurales complica la recolección de pruebas.
Las mujeres deben viajar largas horas sin asearse para preservar evidencias, pero la ausencia de laboratorios cercanos lleva a que muchos casos queden impunes o ni siquiera sean denunciados.
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El reportaje también recuerda feminicidios como los de María Trinidad Matus y Arantxa Gutiérrez en 2018, y María Luisa Cedeño en 2020, que generaron indignación en redes sociales y dieron fuerza a grupos feministas.
Organizaciones como Unidas Talamanca y el Movimiento Feminista de Santa Teresa han jugado un papel clave en el acompañamiento de víctimas y en la denuncia pública.
Unidas Talamanca, por ejemplo, mantiene un grupo de WhatsApp con 150 mujeres que comparten alertas diarias sobre casos de violencia de género. Sin embargo, las activistas coinciden en que el sistema judicial costarricense sigue siendo ineficiente y carente de un enfoque de género que garantice justicia para las víctimas.
La creciente inseguridad para las mujeres, sumada a la inacción de las autoridades, sigue empañando la imagen de Costa Rica como un destino turístico seguro y verde, según concluye El País.
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