Al menos cinco de cada 10 costarricenses confesaron haber adquirido productos falsificados o imitaciones, en el último año, según una encuesta de Unimer.
Esto, más allá de la baja que las marcas o productos puedan tener en sus ventas, afecta la recaudación de impuestos del Estado, debido a que las imitaciones se venden de forma ilegal, sin ningún tipo de regulación, y hasta en algunas ocasiones, se ha comprobado que sus ventas ayudan a financiar redes de narcotráfico y lavado de capitales.
El Ministerio de Hacienda, ente encargado de recaudar los impuestos del Estado, estima que la compra de imitaciones o productos falsificados, provoca pérdidas por ₵58.000 millones anuales al Gobierno.
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