Combustibles de los diputados siguen sin regulaciones 30 años después

En 1993, hace tres décadas, los entonces diputados de la Asamblea Legislativa fijaron el artículo 5 de la Ley 7.352 que establece la remuneración de los legisladores. Sin embargo, no establecieron controles y dejaron la conceptualización de los recursos del combustible para “uso discrecional”.

Desde entonces los 500 litros de gasolina mensuales que entregan como “ayuda administrativa” deberían ser para visitas a comunidades y giras, según el artículo 113 de la Constitución Política.

En un coche de gama media, se utiliza un promedio de siete a ocho litros de diésel por cada 100 kilómetros recorridos, sin considerar el estado de la carretera y la forma de uso del vehículo, según la empresa automovilística Renault.

Esto quiere decir que para ir de San José a Guanacaste que la distancia ronda los 200 kilómetros, se gastan aproximadamente 32 litros entre ida y vuelta y en el peor de los casos 45, un tanque lleno.

Lo que se invertiría si se usa diésel, el combustible más consumido por los ciudadanos según la Cámara de Empresarios de Combustibles, solo se pagaría 26.235 colones con el costo de combustible actual.

Ante esto, decenas de diputados que han llegado a la Asamblea han criticado el exceso de inversión en combustible.

¿Cómo se les entrega el combustible?

Recordemos que la Asamblea les entrega una tarjeta del Banco de Costa Rica (BCR) a cada legislador con el dinero para 500 litros de combustible mensuales y con la opción de acumulación. Es decir, si en un mes un diputado no gasta la totalidad del recurso, el remanente le queda en la tarjeta. Al final de los cuatro años, los fondos no utilizados se reintegran a los fondos públicos.

Proyectos no se concluyen

Pero pese a lo absurdo que lo ven algunos diputados como Ariel Robles quien presentó un proyecto de ley para disminuir a 300 la cantidad de litros de combustible y que la cuota no sea acumulable si no se usa en totalidad, ningún proyecto ha llegado a concretarse en 30 años. Tan siquiera la reforma para castigar a los diputados cuando comentan faltas al deber de prioridad.

Ejemplo de ello es que en el periodo constitucional 2018-2022, los entonces legisladores aprobaron la reforma constitucional que avala la pérdida de credencial al diputado que falte a la ética. Lo que subsanaría el vacío legal que existe, ya que desde el 2010, la Sala IV ha pedido, en varias resoluciones, aprobar una ley que indique los tipos de sanciones y el procedimiento para penar estos hechos. Desde el 2018, hasta la fecha siguen sin realizarse.

Esto ha permitido irregularidades como la aparentemente realizada por el exdiputado Erick Rodríguez Steller, quien es investigado por la Fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.

Según la denuncia, en el 2020 el diputado prestaba dicha tarjeta a varios de sus asesores para que carguen combustible y, supuestamente, compraran llantas a sus vehículos personales.

Eso sí, los asesores, le transferían vía SINPE móvil parte del dinero que utilizaban.

Otro caso más reciente es el gasto de ¢3,2 millones que hizo la diputada independiente Ivonne Acuña en un solo día, que no tiene ningún elemento de ilegalidad.

Con estas compras que hizo la legisladora para “combustible” en un solo día, se pudo haber llenado los tanques de 103 vehículos con los precios de la gasolina de ese momento y a razón de 45 litros por carro.

Hay que recordar que Acuña hizo la compra de combustible el 30 de noviembre del 2021 y salió del país el 11 de diciembre. Tuvieron que pasar cuatro meses para abrir una investigación por la compra.

A la fecha y pese a la promesa de la diputada, no ha devuelto el dinero invertido en lo que aún no se determina.

Según el abogado penalista, Boris Molina, los diputados se exponen a prisión, pero para ello se debe haber comprobado el delito. Algo que hasta la fecha ninguna investigación ha logrado.

“Los diputados podrían ir a prisión de tres a seis años si se aprovechan del ejercicio de la función pública o la custodia, la explotación, el uso o la administración de fondos, servicios o bienes públicos, bajo cualquier título o modalidad de gestión”, explicó el penalista.

En otras palabras, el dilema está en que no se puede decir si un diputado se está aprovechando de un fondo si la ley no específica para qué o quién debe usar puntualmente el dinero.

Además, el analista político, Sergio Araya, prevé que el tema continúe incompleto por un tiempo.

“Pareciera que en el corto plazo no hay voluntad política para regular este tema. Incluso, internamente hay opacidad en cómo garantizar que el destino para la que fue creada esta ayuda se mantenga fielmente apegado para lo que fue creado”, amplió el politólogo.

Entonces, si no se puede eliminar, disminuir o regular, ¿qué se puede hacer?

¿Donar costo de combustibles a ONGs?

El 16 de febrero de este año el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Leslye Bojorges, presentó el proyecto de ley 23.106 - “Ley para Habilitar la Donación del Combustible de los Diputados a Organizaciones sin Fines de Lucro”-, que busca incorporar un párrafo al artículo 5 de la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa en el cual le dé la potestad al congresista de trasladar la cuota mensual a una organización sin fines de lucro a manera de donación.

Pero ante esta iniciativa, la Procuraduría General de la República concluyó el pasado 12 de junio a través de opinión jurídica 063-2023, que va en contra de la Constitución Política, ya que representaría una “desnaturalización” de la figura porque si se destina a fines particulares y ajenos a la función legislativa “dejaría de ser una ayuda funcional” que establece la Carta Magna.

“El manejo de los recursos públicos debe responder a los principios de economía, eficiencia y eficacia, es decir, al principio de uso eficiente de los fondos públicos y de la sana gestión financiera… En consecuencia, en caso de que esta cuota de combustible no sea utilizada, no debería generar ningún gasto a cargo del Estado”, se determinó en el documento suscrito por la procuradora León.

¿Qué quiere decir? Que organizaciones sin fines de lucro como la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil, Investigación aeroespacial (FUNDECISE), Fundación Humanitaria Costarricense, Asociación proyecto Daniel o organizaciones más regionales como Casa Sonja: Ecoaldea de Niños y Mujeres de Costa Rica en Nicoya o Conservación de corales en Puerto Viejo no podrían recibir los cerca de 291.500 colones mensuales para sus proyectos en caso de que un diputado quisiera donar el 100%.

Además, aconsejaron que, si la cuota de combustible no se está usando, lo procedente sería “modificar la cantidad”, para ajustarla “a lo realmente necesario”, tal como lo establece el proyecto de Ariel Robles o de la diputada Carolina Hidalgo, quien tiene la misma intención.

“Sobre esos dos proyectos de ley indicamos que ese tipo de medidas resultan acordes “con el uso eficiente y racional de los fondos públicos, en beneficio de la gestión de las finanzas públicas, en tiempos en que la situación fiscal del país exige una racionalización del gasto”, detalló la procuradora León.

En esta misma línea también se había referido la Contraloría General de la República (CGR) a inicios de este año.

“Este órgano contralor se ha pronunciado previamente al respecto, indicando que deben fijarse controles y que, el uso de estos recursos debe ser restrictivo, señalando la imposibilidad de transferencia o aprovechamiento de ese recurso por terceros y acotando que la cuota refiere a una cantidad máxima mensual, que no podría resultar acumulable, trasladarse o utilizarse de manera diversa al uso contemplado”, advirtió la Contraloría el 28 de febrero.

Hay que considerar que el salario de un congresista se compone de ¢2,9 millones en pago por dietas y ¢1,1 millones en gastos de representación para un salario bruto de ¢4 millones, más la ayuda técnica de los 500 litros de combustible, según el directorio legislativo.

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