El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría realizó el jueves 17 de septiembre un planteamiento formal y público a las entidades que apelaron la sentencia que lo absolvió por unanimidad en el caso conocido como INS-Reaseguros.
Rodríguez propuso que, si las partes retiran las cuatro apelaciones presentadas contra la sentencia absolutoria, él renunciará a las costas a las que tiene derecho por decisión del Tribunal.
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Según explicó el exmandatario, la propuesta busca poner punto final a un proceso judicial que comenzó hace 25 años y evitar que el Estado continúe destinando recursos públicos a un caso que, de acuerdo con la sentencia absolutoria, no estableció hechos probados en su contra.
“Volví a mi país a dar la cara ante los tribunales para defender mi nombre. No lo hice para buscar dinero, ni entonces, ni ahora. Lo único que quiero es tener paz y acabar con esta persecución”, manifestó Rodríguez.
El expresidente recordó que en 2004 renunció al cargo internacional que ocupaba y regresó voluntariamente a Costa Rica para enfrentar ante los tribunales las acusaciones formuladas en su contra.
También mencionó el caso ICE-Alcatel, por el cual aseguró haber sido absuelto años después mediante resoluciones unánimes de tribunales de apelación y posteriormente por la Sala Tercera.
#Nacional | “Retiren ustedes sus apelaciones a la contundente sentencia en mi favor del Tribunal Penal y yo renuncio a las costas”, afirmó Rodríguez. El expresidente Miguel Ángel Rodríguez hizo una propuesta a cuatro entidades públicas pic.twitter.com/t1xcPBA88o
— MultimediosCR (@multimedioscr) September 17, 2026
En cuanto al caso INS-Reaseguros, Rodríguez señaló que fue involucrado en una investigación iniciada en 2001 y que, 25 años después, en mayo de 2026, fue absuelto mediante una sentencia unánime.
De acuerdo con el exmandatario, durante ese período el Estado ha destinado recursos humanos, institucionales y económicos al proceso, que actualmente continúa debido a las cuatro apelaciones presentadas contra la sentencia.
Rodríguez también recordó que la Sala Constitucional había determinado una afectación a su derecho a una justicia pronta y cumplida, según indicó.
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