Los alcaldes de San José, Johnny Araya; de Cartago, Mario Redondo; de San Carlos, Alfredo Córdoba; de Osa, Alberto Cole De León; por Alajuela Humberto Soto Herrera y de Escazú, Arnoldo Barahona, son parte de las personas investigadas en medio de los allanamientos realizados por el caso Diamante, relacionado a contrataciones de obra pública.
Por San José, Jhonny Araya, aseguró que seguirá dando la cara “como siempre”, al mismo tiempo que prefirió ahorrarse las declaraciones hasta terminar la audiencia.
“En este momento no voy a dar declaraciones, voy a darla después de que termine la audiencia”, expresó posterior a su salida.
Por su parte, Humberto Soto, alcalde de Alajuela, negó haberse reunido con empresarios o representantes de la empresa MECO.
“Declarándome totalmente inocente trabajando con las comunidades y los hechos de mi trabajo hablan por mi”, mencionó al dar declaraciones a la prensa.
¿Qué investigan con el caso Diamante?
En este nuevo caso, investigan delitos como cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
De acuerdo con autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) esta investigación inició en abril del 2019 y tiene relación con al menos 15 proyectos de infraestructura para la conservación de carreteras y construcción de obra.
Las autoridades destacaron que estas acciones buscan esclarecer los hechos de corrupción que vinculan a funcionarios municipales, Gobiernos locales y funcionarios de obra pública, que de alguna manera se vincularon con MECO con el fin de favorecer en torno a licitaciones, pagos adelantados, entre otros proyectos.
¿Por qué lo llaman caso Diamante?
Este nuevo caso fue bautizado como Caso Diamante y en menos de un año han salido a la luz dos casos de corrupción.
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El director del OIJ resaltó que se le denomina “Diamante” debido a su dureza y la claridad que debe tener un funcionario público.
La operación Diamante se dio a conocer en el 2021, posterior al denominado Caso Cochinilla que involucra al Consejo Nacional de Vialidad, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y a varias empresas constructoras, entre ellas MECO y H.Solís.
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