Crucitas tiene 14 años y este lunes iniciará el tercer juicio donde hay siete imputados.
Se trata del exministro de Ambiente, Roberto Dobles y exdirectivos de la Secretaría Técnica Nacional aparecen señalados por el supuesto delito de prevaricato.
Según explicó José Miguel Villalobos, abogado del exjerarca “el expediente es del año 2008, es un expediente que tiene 14 años y apenas vamos, nuevamente, para debate. Hay cuatro personas imputadas que pertenecían a la Comisión Plenaria de Setena, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, una persona que era la asesora legal de la Dirección de Geología y Minas y otra persona que era técnica Setena, además de don Roberto Dobles que era ministro del Ambiente”.
El Tribunal Penal de Hacienda rechazó involucrar al expresidente de la República, Óscar Arias, dentro de los imputados. Fue absuelto por prescripción, ya que habían seis años de eso y señaló el Tribunal que la Fiscalía entró un año más tarde a indagar al exmandatario.
“Únicamente es el delito de prevaricato que significa dictar resoluciones contrarias a la Ley. Es decir, se estima que la Junta Directiva o Comisión Plenaria de Setena integrada por estas cuatro personas dictó una resolución contraria a la Ley que consistió en aprobar cambios a la viabilidad ambiental del proyecto Crucitas”, insistió Villalobos en una entrevista con Noticias Telediario.
Dobles y seis personas más enfrentarán a la justicia en los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José.
El debate se extendería hasta el próximo 16 de diciembre, con posibilidad de ampliar una semana más.
Más sobre Crucitas:
En el 2008 el Gobierno de ese entonces pretendió crear un proyecto de minería a cielo abierto en la Zona de Crucitas en San Carlos, por medio de una concesión a la empresa Industrias Infinito Gold. El Gobierno incluso declaró este proyecto de interés público.
Esa concesión era absolutamente ilegal por el impacto ambiental que significaba, así como la declaratoria de interés que el Gobierno hizo sin los estudios técnicos respectivos. De esta forma, fue declarado por el Tribunal Contencioso Administrativo que se trajo abajo la concesión en el 2010 y que obligó a la empresa Infinito GOLD a pagar por el daño ambiental.
A partir de entonces el país entró en un conflicto con la empresa Infinito Gold que requirió de un arbitraje internacional con el CIADI, que es un órgano especializado del Banco Mundial, ubicado en Washington.
La empresa pretendía, entre otras cosas, que el país le pagara por las inversiones realizadas y las supuestas ganancias dejadas de percibir al anularse la concesión. Ambos montos suman un total de $394,8 millones (más de ₡244 mil millones).
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