A dos años del caso Cochinilla, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) reconoce los atrasos y obstáculos que ha enfrentado en esta compleja investigación de corrupción relacionada con la obra pública.
El caso ha cumplido dos años desde que se realizaron 57 allanamientos en diversas circunstancias, incluyendo el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y las oficinas de empresas constructoras como H. Solís y MECO.
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Según la última actualización de la Fiscalía, se mantienen 79 personas imputadas y 15 empresas investigadas en el caso Cochinilla. Se les atribuyen posibles delitos como cohecho, tráfico de influencias, peculado, malversación de fondos y asociación ilícita, entre otros.
Uno de los principales desafíos en este caso ha sido la apertura de la prueba electrónica decomisada durante los allanamientos. Hasta la fecha, dos años después, esta evidencia aún no ha sido revisada.
El Ministerio Público atribuye este retraso a las gestiones realizadas por los defensores de los imputados. La semana pasada se había convocado la apertura de esta prueba, pero nuevamente se pospuso debido a otras obligaciones de los abogados.
La lentitud en el procesamiento de la prueba y la dificultad para coordinar agendas han sido factores que han influido en el avance del caso Cochinilla. Actualmente, hay 13 audiencias pendientes, dos de las cuales ya tienen fechas programadas, pero las demás están en espera debido a las apelaciones presentadas por la defensa, que también han llevado a suspensiones y reprogramaciones.
El impacto de este caso de corrupción ha sido significativo en el país. La paralización de muchas obras públicas y de mantenimiento vial ha generado retrasos considerables, como en el caso de las obras de la Circunvalación norte y los pasos a desnivel en Cartago. Asimismo, se han visto afectados proyectos como el nuevo puente sobre el río Virilla y la ampliación del tramo entre Barranca y Limonal en la Interamericana norte.
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A pesar de los desafíos y obstáculos, la Fiscalía continúa procesando la prueba documental, testimonial y pericial, así como redactando solicitudes de prueba adicionales. Sin embargo, hasta que se logre la apertura de la prueba electrónica, no se podrá determinar la fecha de conclusión de la etapa preparatoria de investigación ni de la audiencia preliminar con las partes, que marcará el final de la fase intermedia del proceso.
El caso Cochinilla ha dejado en evidencia la necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción en la obra pública y de implementar medidas para agilizar los procesos judiciales con estos delitos relacionados. La espera de dos años para la apertura de la prueba electrónica demuestra la complejidad y los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en la investigación y persecución de la corrupción.
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