Las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Chaves sobre el arresto de Marta Esquivel, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), han desatado una polémica que pone en el centro del debate la labor del Ministerio Público y la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial.
El Presidente Chaves el pasado miércoles 25 septiembre durante una conferencia prensa calificó la detención de la presidenta de la CCSS como un “show mediático” y acusó a la Fiscalía de actuar con “cobardía” al tratar a Esquivel como si fuera un "narcotraficante peligrosa”.
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El presidente también cuestionó la necesidad de emplear tácticas de arresto que, según él, son comunes en el tratamiento de delincuentes de alto perfil, sugiriendo que la acción que realizo la Fiscalía en contra de los directivos de la CCSS fue un intento de intimidar a otros funcionarios públicos.
“¿Era necesario detener de esa manera a una persona?”, se preguntó Chaves, apuntando que algunos delincuentes reciben un trato más favorable comparado a la detención de la presidenta de la CCSS.
Por su parte, el Fiscal General, Carlo Díaz, respondió con firmeza a estas declaraciones, defendiendo la autonomía de su institución y enfatizando que las decisiones del Ministerio Público se basan en el cumplimiento estricto de la ley.
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Díaz recordó que la Fiscalía actúa bajo principios de independencia funcional.
“La esencia de un Ministerio Público en un sistema democrático es ser absolutamente independiente en el ejercicio de sus facultades respeto al principio de legalidad y a las garantías individuales y procesales de las partes".
Díaz subrayó que la detención de Esquivel y la de los otros imputados se realizó dentro del marco legal, citando el artículo 237 del Código Procesal Penal,
"En el caso particular, la fiscalía determinó la existencia de peligros procesales de fuga y de obstaculización. Previo a las detenciones, cabe reiterar que nuestras peticiones presentadas al juez contaban con elementos probatorios y sustento legal, lo cual nos permite sostener razonablemente que las personas detenidas son autoras probables de los delitos que se les imputan".
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El fiscal también rechazó las insinuaciones de que la detención fue mediática o innecesaria, destacando que se trataba de una investigación seria y importante que podría tener repercusiones en la Hacienda Pública.
finalmente el fiscal general recalco su deber de "defender el Ministerio Público de cualquier injerencia que pretenda debilitarlo.
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