SAN JOSÉ.- El plenario legislativo aprobó el informe de mayoría que presentó la comisión especial investigadora sobre las acciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) en los comicios del 2002, 2006 y 2010 con el apoyo de 40 diputados.
“La aprobación del informe de mayoría de la comisión especial investigadora me llena de satisfacción, pues con ello sentamos un precedente fundamental para la rendición de cuentas de los partidos políticos en materia económica durante el ejercicio electoral de los años venideros”, indicó el diputado que impulsó la conformación de la comisión.
“Con su voto positivo se evitará que actos como los incurridos por el PAC vuelvan a repetirse en un futuro”, agregó Dolanescu.
La comisión trabajó por un año y diez meses en investigar las acciones del partido oficialista durante las elecciones del 2002, 2006 y 2010 por el uso de contratos de servicios especiales y profesionales derivados de trabajos voluntarios de sus militantes para dotar de recursos financieros al partido.
El PAC fue condenado en el 2016 por usar esos contratos que el Tribunal Supremo de Elecciones calificó de irregulares, y algunos de ellos identificados como falsos.
“En la comisión encontramos que los contratos falsos que terminaron condenando al PAC en estrados judiciales, los comenzaron a utilizar desde el 2004. Desde la misma génesis, el Partido Acción Ciudadana es un partido corrupto. Entonces no nos asustemos del dato que dio la Fiscalía General de la República en donde la corrupción ha aumentado en un 500% durante los dos gobiernos del PAC,” expresó el Dolanescu durante su intervención en el plenario.
Dolanescu criticó que en el PAC existe la costumbre de reubicar a los funcionarios destituidos en sus gobiernos tras ser cuestionados en diferentes puestos “como si la salida de la función publica fuera una puerta giratoria”.
El diputado independiente enfatizó las recomendaciones del informe para destituir a Ottón Solís como representante costarricense ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como destituir a Margarita Bolaños como garante de la ética del gobierno de Carlos Alvarado. Igualmente, insistió en las recomendaciones al Poder Judicial de reabrir las causas o abrir una nueva si lo desvelado por los hechos expuestos en las sesiones de la comisión especial constituyen delitos a la Hacienda Pública.
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