Un proyecto de ley, aprobado por votación unánime por los diputados de la Asamblea Legislativa permite realizar una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, la cual obligará a las operadoras telefónicas aplicar procedimientos para impedir el uso de celulares dentro de los recintos penitenciarios del país.
Este nuevo estatuto impide los servicios inalámbricos de telecomunicaciones, además en centros penales juveniles y “cualquier otro centro de atención institucional del Sistema Penitenciario Nacional”.
La norma se aprobó en primer debate y se espera que sea enviada a la Presidencia de la República, para ser firmada por el presidente de Carlos Alvarado y posterior a ello sea publicada en el diario oficial La Gaceta.
La propuesta se había hecho en el año 2016, durante la administración de Luis Guillermo Solís.
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