La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción realizó 18 allanamientos este lunes 8 de mayo relacionados con una investigación por los presuntos delitos de “cohecho propio, penalidad del corruptor, falsedad ideológica, falsificación de documento y uso de documento falso”.
Los allanamientos se desarrollaron en oficinas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Popular. También, en varias casas en Escazú, Moravia, San Sebastián, Hatillo, Guadalupe, Puntarenas y Desamparados.
Durante la diligencia, se detuvo a ocho personas de apellidos Angulo, Tencio, Guevara, Ramos, Marín, Díaz, Rojas y González.
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Sobre el caso
El operativo tiene como objetivo buscar prueba digital y física del caso, que nació tras una denuncia enviada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre un extrabajador de una empresa que aparentemente indicó a algunas personas que tenía un contacto en el Banco Popular para agilizar pensiones.
El Ministerio Público informó que,“tras las investigaciones realizadas por el banco y por el OIJ, se detectó que, entre octubre del 2019 y el 08 de septiembre del 2020, aproximadamente 29 empleados de empresas, la mayoría vinculados al extrabajador, habrían obtenido, por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, una certificación con declaraciones falsas, las cuales indicaban que esas personas contaban con pensión por invalidez”.
“En apariencia, con dicho documento, las personas solicitaron a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del BP el retiro del ROP, bajo la presunta justificación de pensión por invalidez, dinero que les fue entregado”, explicaron el reporte.
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¿Qué dice la Caja?
La institución reveló que", de acuerdo con lo que la Institución ha conocido se trataría de investigaciones contra algunos funcionarios y con relación a hechos de años anteriores y que involucran a otras instituciones y procesos adicionales a la CCSS".
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