El martes 15 de febrero el Parlamento Nicaragüense clausuró otras seis ONG con “carácter de urgencia” argumentando que no reportan sus estados financieros, que tienen sus juntas directivas vencidas y que reciben donaciones del exterior.
Las ONG canceladas se dedicaban a temas feministas, una que defiende los derechos humanos y la filial de PEN Internacional, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos y a promover la libertad de expresión.
La clausura de estas organizaciones responde a la ley de regulación de agentes extranjeros que permite sancionar aquellas organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento y donaciones del exterior.
La cancelación fue respaldada por 80 votos a favor y 11 abstenciones en el parlamento.
Entre las ONG se encuentra la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, conocida por la lucha en la defensa de los derechos de las mujeres y por haber denunciado en el 2020 asedio de la Policía Nacional.
Sin embargo, por medio de una publicación del perfil de Facebook Movimiento María Elena Cuadra, la líder feminista afirmó que "los machistas y misóginos de la Asamblea Nacional nos despojaron de nuestra personería jurídica, pero somos más que eso; por eso seguiremos porque cada una de nosotras es una defensora".
Otra de las organizaciones afectadas es la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (Fundemuni), enfocada en el empoderar mujeres y fomentar la independencia económica en el norte del país nicaragüense.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) también se vio afectada. La ANPDH ofreció asistencia a las víctimas de los ataques armados que hubo en las manifestaciones antigobierno del 2018 y cuyo fundador, Juan Abelardo Mata, tuvo que huir a Costa Rica temiendo por su seguridad.
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