La fiscalía de Corea del Sur pidió la pena de muerte para una mujer acusada de asesinar a su hija adoptiva quién tenía 16 meses, informaron los medios locales del país.
El ministerio fiscal solicitó esta sentencia ante el tribunal del distrito sur de Seúl que va a revisar el caso que conmocionó a la opinión pública y ha hecho que se redoblen las llamadas para mejorar la respuesta de los servicios de emergencia en situaciones como esa.
La fiscalía considera que la mujer, de la cual sólo se conoce su apellido (Jang), pudo tener la intención de matar a la bebé o al menos pudo haber sido consciente de que la niña podía morir a causa de las agresiones y abusos de las que se le acusa.
La pequeña, de nombre Jung-in, fue adoptada en febrero del año pasado y murió en octubre a causa de graves lesiones abdominales y hemorragias internas causadas por el uso de una "fuerza excesiva" por parte de un agresor.
Jang sigue insistiendo a día de hoy en que la pequeña sufrió esas heridas debido a que la dejó caer accidentalmente, y la fiscalía ha apuntado que no siente ningún "remordimiento".
En las últimas dos décadas los tribunales surcoreanos rara vez han solicitado la pena de muerte, y sólo han fallado a favor de la pena máxima, para la cual el país mantiene una moratoria no oficial desde finales de los noventa, en casos de asesinatos múltiples. Actualmente hay más de 60 personas en el corredor de la muerte en Corea del Sur, que lleva sin ejecutar a un reo desde 1997.
Para el padre adoptivo de la niña, que está acusado de abuso de menores y negligencia, la fiscalía ha pedido siete años y medio de prisión.
El terrible caso de Jung-in puso en el punto de mira a los servicios sociales y a la policía surcoreana, que no respondió pese a recibir tres informes sobre sospechas de abusos en un lapso de apenas cinco meses, y miles de personas han firmado peticiones online pidiendo una dura condena para Jang.
Se espera que el tribunal emita su veredicto sobre Jang y su marido el próximo 14 de mayo.
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