Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, su hermano Jordie Kevin Picado Grijalba, conocido como Noni, y Tonny Peña Russell fueron sancionados el martes 20 de enero por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como la mayor red de traficantes de Costa Rica.
A las designaciones se sumaron Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de Shock, y su madre, Anita Yorleny McDonald Rodríguez.
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Las sanciones implican el bloqueo inmediato de todos los bienes y activos de estas personas que se encuentren en Estados Unidos o que estén bajo posesión o control de ciudadanos o entidades estadounidenses, los cuales deberán ser reportados a la OFAC.
Además, ordenaron el bloqueo de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en un 50 % o más, de las personas designadas.
De acuerdo con la agencia federal, la red sancionada sería responsable de movilizar varias toneladas de cocaína desde Colombia, almacenarlas en Costa Rica y posteriormente transportarlas hacia Estados Unidos y Europa.
En el comunicado oficial, la OFAC identifica a alias Shock como el líder de la organización y lo señala como uno de los traficantes más productivos del Caribe.
En el caso de Tonny Peña Russell, la OFAC indicó que fue designado por haber brindado apoyo financiero, material y tecnológico, así como bienes y servicios, para respaldar las actividades de la organización liderada por Shock.
¿Por qué incluyeron a la esposa de Shock y su madre?
Estefanía McDonald Rodríguez y Anita Yorleny McDonald Rodríguez, las autoridades estadounidenses sostienen que ambas habrían utilizado diversos negocios para lavar dinero a favor de Shock.
Entre las empresas mencionadas figuran la Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero, Celajes de York CDY S.A., Magic Esthetic Salon S.A. e Inversiones Laurita L&L S.A.
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De manera particular, se señala a Anita Yorleny de haber notarizado transacciones fraudulentas en beneficio de su yerno.
La OFAC subrayó que estas sanciones son el resultado de una investigación coordinada liderada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, con la participación de la DEA, las oficinas de San José y Dallas, así como de la Fiscalía General de la República, la Policía de Control de Drogas, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica.
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