Un preocupante caso de grabación oculta con fines sexuales ha conmocionado a la comunidad de Tres Ríos, tras la denuncia pública realizada por la activista feminista independiente llamada: Andrea Cordero Vargas.
Según el testimonio, un hombre de apellido Bonilla fue sorprendido grabando las partes íntimas de una niña de 4 años en un centro comercial de la zona, desatando una rápida respuesta de la madre de la menor y de las autoridades.


Los hechos
De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron luego de que la madre y su hija asistieran a misa y decidieran ir a comer al food court de un centro comercial en Tres Ríos.
La madre notó que un hombre las seguía y se sentó sospechosamente cerca de ellas. Pronto descubrió la gravedad de la situación, según relató Andrea Cordero Vargas:
“Me percaté de que el muy asqueroso estaba grabando las piernas y las partes íntimas de mi hija, y no solo grabó a mi hija, sino que también la cámara enfocaba el tobogán de la zona de niños del food court”.
La madre actuó de inmediato y dio aviso a la Fuerza Pública, quienes acudieron al lugar. Según el testimonio, el hombre confesó abiertamente su conducta, justificándola con perturbadoras declaraciones:
“Llamé a la Fuerza Pública. El sujeto confesó a voces abiertas que él lo hacía para satisfacer sus necesidades porque nunca había estado con una mujer, que había tenido una crianza difícil y por eso lo hacía, y que nunca lo habían agarrado, pero por un descuido de él puso el celular en mala posición, por eso lo vi, pero que él no le hace daño a nadie”.
Respuesta de las autoridades
La Fuerza Pública informó que el hombre fue aprehendido en el lugar y puesto a las órdenes de las autoridades judiciales para su debido proceso.
Sin embargo, la denunciante, Andrea Cordero Vargas, expresó su preocupación al señalar que el sujeto fue liberado poco tiempo después, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre el manejo de este tipo de casos.
Implicaciones legales
El abogado penalista Santiago Arguedas explicó que grabar a personas sin su consentimiento con fines sexuales constituye un delito en la legislación costarricense, incluso cuando las víctimas son mayores de edad.
Las sanciones pueden ser aún más severas si las víctimas son menores, dado el carácter vulnerable de esta población.
Por su parte, Ivannia Arias, representante del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), enfatizó que este tipo de conductas no solo violan la privacidad, sino que también atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, especialmente de los menores de edad.
Gloriana Duarte, del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), indicó que el caso podría calificarse como un delito de abuso sexual, dependiendo de los resultados de la investigación.
Según datos del PANI, durante el año pasado se recibieron 1,857 denuncias por delitos sexuales contra menores, las cuales están en proceso de investigación.
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Alerta a la ciudadanía
Este caso pone en evidencia la necesidad de estar atentos ante comportamientos sospechosos en lugares públicos, especialmente en zonas frecuentadas por menores, como centros comerciales, parques y áreas de recreación infantil.
Las autoridades y expertos instan a la población a denunciar de inmediato cualquier conducta inapropiada y a mantener una supervisión constante de los niños en espacios públicos.
Asimismo, se hace un llamado a las autoridades judiciales para que se garantice una investigación exhaustiva y se evite la impunidad en casos de esta naturaleza, que afectan gravemente la seguridad y el bienestar de las víctimas, especialmente de los menores de edad.
Un problema en aumento
El caso de Tres Ríos no es un hecho aislado.
Las estadísticas del PANI reflejan un preocupante incremento en las denuncias por delitos sexuales contra menores, lo que subraya la urgencia de fortalecer las medidas de prevención, sanción y protección a las víctimas.
La sociedad civil, por su parte, juega un papel crucial en visibilizar estas problemáticas y exigir justicia.
La activista Andrea Cordero Vargas, quien ha dado seguimiento al caso, reiteró su compromiso de seguir luchando por los derechos de las víctimas y de generar conciencia sobre este tipo de delitos.
“No podemos permitir que estas conductas queden impunes, especialmente cuando se trata de menores de edad que merecen protección y justicia”, afirmó.
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