Al menos 15 personas han sido detenidas como parte de un amplio operativo que ejecutan agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Cartago, quienes desde las 5:00 de la mañana de este miércoles realizan 19 allanamientos en distintos puntos del país.
Las diligencias fueron en El Carmen, Tejar del Guarco, Tobosi y Paraíso de Cartago, así como en Aserrí de San José, San Rafael de Alajuela y Siquirres de Limón.
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El objetivo es la detención de al menos 18 personas sospechosas de los delitos de robo de vehículos, legitimación de capitales y homicidio.
De acuerdo con el informe preliminar, la investigación inició a finales del año 2023, luego de que se recibiera información confidencial que señalaba que sujetos del sector de Tejar de Guarco, en Cartago, presuntamente se dedicaban al desarme ilegal de vehículos, así como a la compra de automóviles aparentemente robados, los cuales eran alterados para volverlos a poner en circulación.
Según las autoridades, una vez que recibían los vehículos robados, los sospechosos adquirían automóviles similares para obtener repuestos, alteraban los números de chasis y trasladaban la documentación de estos a los carros sustraídos, para posteriormente venderlos, obteniendo así importantes ganancias económicas.
Con el avance de la investigación, lograron determinar que los principales sospechosos contaban con una red de colaboradores en Cartago, Paraíso, Aserrí y Desamparados, quienes presuntamente facilitaban el desarrollo de esta actividad ilícita.
Además, varios de los sujetos que pretenden detener estarían vinculados con un homicidio ocurrido en perjuicio de un hombre de apellido Fonseca, en la zona de Tobosí de Cartago.
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Según la investigación, este crimen habría sido ejecutado por encargo de un grupo criminal asentado en la zona de Pococí.
Los allanamientos se realizan bajo la dirección funcional del Ministerio Público y, además de las detenciones, se busca el decomiso de evidencia de relevancia para el caso.
Finalmente, las personas aprehendidas serán presentadas ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
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