El único sospechoso en el caso de la desaparición de la bebé Keibril Amira García Amador, un sujeto identificado como Hugo Adrián Casasola Salas, deberá descontar seis meses más de prisión preventiva.
La sustracción de la menor, ocurrida en abril pasado, tendría a Casasola como señalado de arrebatar a la niña de los brazos de su madre: una menor de 13 años de edad al momento del suceso.
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Dicho hombre es también investigado por el delito de violación al demostrarse que es el padre de Keibril, situación que lo pone bajo el ojo de las autoridades debido a que la mamá de la niña es menor de edad.
Presuntamente, la madre de Keibril era la hijastra del detenido y convivió con el sujeto por una cantidad importante de tiempo.
El móvil de las autoridades maneja que el sospechoso habría tomado la decisión de desaparecer a la niña ante la posibilidad de que se le realizara una prueba de ADN para confirmarlo como el papá de Keibril (como efectivamente se confirmó posteriormente).
Casasola habría aprovechado que la progenitora de la bebé estaba vendiendo números de una rifa para costear la manutención de Keibril para acercarse y raptar a la niña.
La madre de Keibril declaró a las autoridades que un hombre “alto y musculoso” se acercó y le arrebató a Keibril de sus brazos, posteriormente se captó en cámaras al investigado mientras manejaba un automóvil gris a toda velocidad. Se presume que en dichos metrajes ya llevaba a la desaparecida en su poder.
El vehículo en cuestión fue hallado en una vivienda posterior al suceso.
Estado fue condenado por Caso Keibril
La Sala Constitucional (Sala IV) condenó al Estado por omisiones y negligencias referentes a la atención del caso relacionado con la desaparición de Keibril y la violación de los derechos de la menor madre de la bebé.
El Tribunal Constitucional dictaminó unánimemente el fallo 2023-18906, en el cual se resolvió parcialmente a favor de un recurso de amparo bajo el expediente 23-008292-0007-CO.
Los magistrados de la sala determinaron una violación de los derechos de ambas menores involucradas en el caso tras diversos fallos de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio Público a la hora de proteger a las menores de edad.
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