Agentes de la Sección de Robos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José detuvieron el lunes 15 de junio a una mujer de apellido Medero, de 30 años y nacionalidad cubana, como sospechosa del delito de estafa relacionado con un millonario caso ocurrido en Santa Ana.
La captura la realizaron durante un allanamiento en una vivienda en San Felipe de Alajuelita, donde además decomisaron joyas que, en apariencia, formarían parte de los bienes sustraídos a las víctimas, así como dinero en efectivo.
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De acuerdo con la información del OIJ, la sospechosa estaría vinculada con una organización dedicada a cometer estafas mediante engaños telefónicos.
El caso investigado ocurrió el 12 de junio, cuando los presuntos responsables contactaron a una empleada doméstica de una casa en un condominio de Santa Ana.
Según la investigación, los sujetos le hicieron creer a la trabajadora que llamaban en nombre de los propietarios de la casa, quienes supuestamente se encontraban fuera de la vivienda.
Además, le indicaron que debía reunir joyas y otros artículos de valor para entregarlos a una persona que llegaría en un servicio de transporte privado, debido a un supuesto embargo que se realizaría en la propiedad.
La empleada habría confiado en la información suministrada por los sospechosos y entregó los bienes solicitados. El perjuicio económico causado por este hecho asciende a aproximadamente ₡50 millones.
Tras recibir la denuncia, los agentes judiciales iniciaron una investigación que permitió identificar a Medero como una de las presuntas participantes en el caso. Durante el allanamiento también localizaron indicios que podrían relacionarla con otras causas similares.
Las autoridades señalaron que esta modalidad delictiva consiste en contactar a personas encargadas de viviendas para engañarlas y obtener bienes de valor.
En algunos casos, los sospechosos realizan labores de inteligencia para determinar cuándo los propietarios se encuentran fuera del país y utilizan esa información para hacer más creíble el engaño.
La mujer fue remitida al Ministerio Público con el informe policial correspondiente para que se determine su situación jurídica, mientras las investigaciones continúan para esclarecer la posible participación de otras personas en estos hechos.
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