Este martes 19 de marzo, agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), llevaron a cabo 12 allanamientos, con el fin de desarticular una organización sospechosa de cometer delitos de Contrabando agravado y Legitimación de Capitales.
Tras el operativo, lograron la detención de nueve personas vinculadas a esta banda, entre ellas al presunto líder y a una funcionaria pública.
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El director del OIJ, Randall Zúñiga, detalló que la mujer labora en la dirección general de aduanas, “en apariencia facilitaría que los cargamentos pudieran ingresar al país sin mayor revisión”.
¿Quiénes son los detenidos en los allanamientos por contrabando de cigarrillos y lavado de dinero?
El OIJ informó sobre la identidad de las personas detenidas, quienes serán puestas a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Los detenidos son:
- Masculino de apellido Segura, presunto líder.
- Femenina de apellido Granados, funcionaria pública.
- Femenina de apellido Lizano.
- Masculino de apellido Aguilar.
- Masculino de apellido Vega.
- Masculino de apellido Quesada.
- Masculino de apellido Delgado.
- Masculino de apellido Quesada.
- Masculino de apellido Chacón.
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¿Cómo operaba esta organización sospechosa de contrabando de cigarrillos?
Según el informe preliminar, dado por el OIJ, la investigación se inició hace varios meses, después de que en el sector de Río Claro de Golfito, el personal de la Policía de Control Fiscal (PCF) detuvo un vehículo y en el interior del camión, que transportaba electrodomésticos, se encontró una considerable cantidad de cajetillas de cigarrillos de contrabando, no declaradas en la importación.
El camión de carga pesada con placa de circulación panameña, en este viajaban dos hombres de dicha nacionalidad. El vehículo provenía de Panamá y trasladaba variedad de electrodomésticos que fueron reportados en la Declaración Única Centroamericana (DUCA).
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Tras el decomiso de los cigarrillos, su valoración reveló que la afectación al fisco del Estado costarricense ascendía a aproximadamente $700.000.
Con base en estos hallazgos, la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO), en colaboración con el Ministerio Público, emprendió una investigación para identificar a los propietarios de la mercancía ilegal, determinar sus roles y desarticular la red delictiva.
Las diligencias policiales permitieron establecer que se trataba de una supuesta organización criminal estructurada, cuyos miembros desempeñaban roles específicos dentro de la operación. Esta organización, que perduró en el tiempo, se beneficiaba de la estabilidad generada por sus actividades ilícitas y la capacidad para legitimar el dinero obtenido del contrabando.
El OIJ informó que en una de las operaciones realizadas el 1 de septiembre de 2023, se confiscaron un total de 4.510.000 unidades de cigarrillos distribuidos en 451 bultos, cada uno conteniendo 10.000 cigarrillos.
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