Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate el expediente 22.158 que subsana un vacío legal histórico en el tratamiento de femicidios.
Con esta reforma, la muerte de una mujer podría ser considerada feminicidio, independientemente de quién sea el victimario.
En ese sentido, los casos recientes como el de las jóvenes Luanny Salazar, Allison Bonilla o la doctora María Luisa Cedeño, donde los sospechosos no eran pareja tendrían un tratamiento distinto.
Ese tratamiento incluiría la fase de investigación y la incorporación de la Fiscalía de Género en los procesos, además de abrir el espacio a penas de prisión de hasta 35 años.
Sin embargo, este tipo de casos son cada vez más frecuentes, y entrarían en ese rango delitos como el de Carla Stefaniak o de Arantxa Gutiérrez, lo cual deja entrever una violencia contra las mujeres sistémica.
Los actores involucrados en la norma sostienen esperan el proyecto reciba segundo debate.
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