El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la mañana de este martes las oficinas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en el marco de una investigación sobre un presunto caso de corrupción.
El caso implica al secretario general de la institución, identificado con el apellido Álvarez.
La acción fue confirmada por el director del OIJ, Randall Zúñiga, quien explicó que se persiguen supuestas irregularidades en trámites efectuados en la entidad.
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Zúñiga detalló que las irregularidades están relacionadas con la entrega de permisos ambientales necesarios para la construcción.
Junto al secretario general, se investiga a un funcionario del área de servicios técnicos y a otro del área de tecnología.
El operativo incluyó la intención de detener a estos tres sospechosos, así como a un consultor privado.
"Esto está relacionado con diferentes anomalías que se han visto a la hora que se entregan permisos para construir con permisos ambientales", indicó Zúñiga.
En total, nueve personas están siendo investigadas en relación con este caso. Según Zúñiga, para obtener un permiso de viabilidad ambiental, se requiere contratar a un consultor o a una empresa que se encargue de gestionar estos permisos ante la Secretaría y obtener su aprobación.
Presuntamente, las personas involucradas facilitaban los trámites a determinadas empresas a cambio de pagos, lo cual constituye la base de las acusaciones de corrupción.
Durante el allanamiento, el OIJ confirmó la detención del secretario general Álvarez, quien es sospechoso de facilitar condiciones para la obtención de permisos de construcción de manera irregular.
Además, se decomisó el celular de una mujer que trabaja como técnica judicial, debido a que habría mantenido comunicaciones con los imputados.
¿Cómo avanzó la investigación?
El jefe del Organismo de Investigación explicó que este caso, denominado 'Comején' por el OIJ, abarca la investigación de un total de nueve personas.
De estas, cuatro serán detenidas en el transcurso de la diligencia. Zúñiga enfatizó que estas acciones buscan esclarecer cómo se facilitaban herramientas y recursos para que los permisos ambientales fueran aprobados sin problemas, lo que aparentemente se hacía a cambio de pagos ilícitos.
El impacto de esta investigación es significativo, dado que el otorgamiento de permisos ambientales es crucial para la regulación y supervisión de proyectos de construcción.
La presunta corrupción en este proceso no solo afecta la legalidad de las obras, sino también la integridad del sistema de control ambiental en el país.
Las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer todos los aspectos de este caso y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados.
La investigación sigue su curso, y se espera que en los próximos días se obtengan más detalles sobre las implicaciones y alcance de estas irregularidades.
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