El próximo viernes 15 de octubre entrará a regir la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 para todos los funcionarios del sector público, así como para aquellos empleados del sector privado cuyos patronos decidan optar por incorporar la vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo.
Según indica “será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el COVID-19”.
La medida la dio a conocer el ministro de Salud, Daniel Salas, quien indicó que “tenemos que seguir insistiendo en que la vacunación es una de las herramientas más importantes para ir saliendo de este trago tan amargo que hemos experimentado como humanidad en los últimos meses. Que Costa Rica tenga vacunas disponibles y que hay gente que no quiera hacerlo es algo penoso que debemos seguir trabajando”.
Por su parte, la Sala Constitucional ha reconocido la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas, y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas.
Las muertes relacionadas con el COVID-19 representan la cantidad más elevada de fallecimientos en nuestro país.
De igual manera las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están saturadas, según indicó el ministro de Salud, la mayoría de los pacientes que se encuentran en UCI son personas no vacunadas y a esto se suma que se ha estado registrando una desaceleración de afluencia de personas en los vacunatorios para recibir la primera dosis.
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